EL COLAPSO actual en las Oficinas de extranjería, que ya se venía arrastrando desde ya antes del estado de alarma, no ha hecho sino más bien agravarse tras las medidas sanitarias adoptadas por el Ministerio del Interior como consecuencia de la pandemia Covid diecinueve, debido a la imposibilidad de atención presencial y la acumulación de carga de trabajo que todo ello ha supuesto.
Las protestas de los inmigrantes y de los profesionales que los representan, se han aumentado debido a la flagrante vulneración de sus derechos esenciales, en tanto que no han podido acceder a una cita anterior para poder efectuar los trámites de extranjería tendentes a regular su situación en España.
A tenor de ello, tras las quejas incesantes, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha mandado una recomendación al Ministerio del Interior a fin de que, con carácter urgente, facilite a los ciudadanos extranjeros el acceso al sistema de cita previa para solicitar protección internacional y efectuar diferentes trámites de extranjería en dependencias policiales.
En opinión del Defensor del Pueblo, las medidas materiales y de recursos humanos adoptadas hasta el momento para paliar esta situación siguen siendo deficientes para dar respuesta a una demanda creciente de peticiones de asilo y de trámites relacionados con el régimen general de extranjería que asimismo se realizan en dependencias policiales, tales como la expedición de tarjetas de identidad de extranjeros, autorizaciones de regreso, cartas de invitación, etc.
Las quejas por las demoras excesivas para conseguir una cita anterior no forman una novedad para dicha Corporación, que lleva tiempo advirtiendo sobre los inconvenientes y dificultades a los que se encaran los ciudadanos extranjeros por esta razón, habiendo dictado numerosas resoluciones al respecto.
Así, ya en diciembre de dos mil dieciocho, el Defensor dirigió a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras un recordatorio de deberes legales a fin de que se entregara un resguardo válido acreditativo de la cita asignada, al tener constancia de que numerosos ciudadanos pasaban días y noches a la intemperie para lograr una cita para poder pedir protección internacional, que después se daba sin resguardo acreditativo y para un año después.
Tras ser rechazada esta resolución, el Defensor decidió elevarla al Ministerio del Interior, al unísono que trasladaba a dicho departamento su preocupación por otra serie de carencias relacionadas con el procedimiento.
En este sentido, a la Corporación le preocupa en especial -y de este modo se lo ha trasmitido al Ministerio del Interior- que se garantice el derecho que asiste a los demandantes de protección internacional de efectuar la entrevista en una dependencia conveniente y que el funcionario que la lleve a cabo tenga la capacitación precisa. cita para huellas extranjeria
Por todo ello, y como refleja el Informe Anual dos mil diecinueve, el Defensor solicitó que se examinase con emergencia la colaboración de la Policía Nacional para encarar la administración de las peticiones de asilo, en cuanto a la asignación de citas previas, la realización de entrevistas de asilo y la expedición de documentación, encontrándonos a fecha de hoy con un trámite más consolidado y más garante con los derechos del extranjero, procediendo a proporcionar al ciudadano extranjero de una documentación identificativa en el instante que manifiesta la voluntad de pedir el asilo y con validez hasta el día de la cita asignada, dónde se comenzará la tramitación del expediente de protección internacional.
No obstante, seguimos con la demora en las asignaciones de la cita para empezar el trámite, lo que conlleva una limitación en los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como un retraso excesivo en la resolución de las peticiones.
Para el Defensor del Pueblo, el papel de la Policía Nacional ha resultado indispensable para abordar el fuerte incremento de peticiones en un plazo cortísimo de tiempo, mas esa cooperación que se planteó como algo puntual se está alargando en el tiempo, provocando importantes disfunciones en el sistema.
Por todo ello, a fecha de el día de hoy, todas las partes implicadas debieran aunar sacrificios para solventar la problemática planteada, trabajando para ir en la dirección adecuada, facilitando una mayor accesibilidad en los trámites de extranjería, tanto a los ciudadanos extranjeros como a los profesionales que, en definitiva, son los garantes de sus derechos y en quienes los ciudadanos extranjeros depositan su confianza, exigiendo a su vez por parte de éstos una conducta profesional íntegra, honrada, leal y ágil.
David Barrachina Gil es integrante de Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y Presidente de la Sección de Extranjería
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